Buenos Aires – La senadora nacional Carolina Losada se refirió a las dificultades que enfrenta en la Cámara Alta para avanzar con proyectos de ley destinados a transparentar los procesos judiciales en temas de familia y género. En declaraciones recientes, la legisladora apuntó directamente contra la cúpula del bloque del Frente de Todos (actual Unión por la Patria) por priorizar el «verticalismo» político sobre el debate parlamentario.
Críticas al verticalismo en el Senado
Losada fue tajante al señalar a la senadora Juliana Di Tullio como la figura que centraliza y bloquea las decisiones en materia de género dentro de la bancada opositora. Según Losada, existe una voluntad de muchos senadores de acompañar sus iniciativas, pero se ven limitados por la disciplina partidaria.
«Si Juliana Di Tullio dice: ‘Esto no se aprueba’, el resto no lo aprueba. Por lo menos eso es lo que me dicen los senadores y senadoras que quieren aprobarlo», afirmó la senadora santafesina, describiendo un escenario de parálisis legislativa por motivos ideológicos.
Rigurosidad estadística y defensa de la verdad
Consultada sobre la falta de datos oficiales que respalden el impacto de las falsas denuncias en el país, Losada mantuvo una postura de cautela técnica, diferenciándose de quienes utilizan cifras sin sustento estatal.
«Yo no quiero repetir cifras que no son oficiales. Como funcionaria pública, no puedo basar mi discurso en estimaciones de observatorios privados, por más que existan», aclaró, enfatizando que su prioridad es la creación de un marco legal sólido y no la especulación mediática.
Hacia un sistema judicial más justo
El objetivo central del nuevo marco legal que impulsa la senadora busca equilibrar la balanza de la justicia. Para Losada, mejorar el sistema penal implica dotarlo de normas que impidan su manipulación como herramienta de extorsión o revanchismo en conflictos familiares.
«Las leyes son para la gente que sea víctima. Esta ley es para defender la verdad», concluyó la senadora, reafirmando que el espíritu de su propuesta es proteger tanto a las víctimas reales de violencia como a aquellos ciudadanos que resultan injustamente afectados por acusaciones sin sustento.